“En las Universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico”.
Esta es una de las premisas de la carta que rectoras, rectores, decanas y decanos de Universidades de gestión pública de Córdoba enviaron a 18 representantes de la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, y en la que solicitan que ratifiquen y defiendan la Ley de Financiamiento Universitario, que apunta a garantizar “la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio, dándole previsibilidad a una política de estado que es capital social de toda la sociedad argentina”.
Dicha Ley, aprobada por el Senado de la Nación y luego vetada por el Gobierno nacional, significa la posibilidad de apostar por una educación pública y de calidad en las universidades nacionales, y por el progreso del desarrollo tecnológico y científico, lo que se reflejó en la multitudinaria marcha en todo el país en defensa de la Ley y en rechazo a las disposiciones del Gobierno nacional.
La rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, es una de las firmantes de la carta enviada junto con autoridades y representantes de la Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional de Villa María; y la Universidad Tecnológica Nacional, regionales Córdoba, San Francisco y Villa María.
