Las ocho universidades públicas de Córdoba convocaron a los legisladores nacionales por esta provincia para que apoyen el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, cuyo texto fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
La rectora, Julia Oliva Cúneo, y el vicerrector, Daniel Artaza, representaron a la UPC, en un encuentro convocado además por los rectores de las universidades nacionales de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Río Tercero (en formación); de las tres sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (Córdoba, San Francisco y Villa María). Además, participaron los gremios docente y no docente, la Federación Universitaria Argentina y la Federación Universitaria Córdoba.
El proyecto de ley ya fue discutido y votado en la cámara baja el año pasado, pero, con el argumento de mantener el déficit cero, el presidente Javier Milei la vetó en octubre. El 2 de julio los diputados tienen una nueva oportunidad de discutirlo, y por eso los rectores de las universidades públicas con sede en la provincia convocaron a los 21 legisladores nacionales que tiene Córdoba (18 diputados y 3 senadores) para pedir su respaldo.
La propuesta del proyecto es consolidar el financiamiento de la educación superior y llevar la inversión de 1 por ciento del PBI en 2026 a 1,5 por ciento del PBI en 2031. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, la educación superior atraviesa “una situación crítica porque el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior, por lo que las partidas destinadas son las mismas que se votaron en el Congreso de la Nación en el 2022”.
En su intervención, Julia Oliva Cúneo, señaló: “La discusión que se lleva adelante en esta mesa es absolutamente política y pone en juego el modelo de país y el modelo de sistema universitario”. De todas las universidades convocantes, la UPC es la única que está financiada por el presupuesto provincial. Por eso la rectora destacó el fuerte compromiso político de la actual gestión, no sólo de sostener la universidad como una de sus banderas, sino de apostar a un “proceso de expansión, que requiere de un gran presupuesto”.
Por último, llamó a sostener “posicionamientos claros y sin medias tintas” y dijo: «El compromiso de la UPC con esta situación es incondicional y nos va a encontrar en cada una de las instancias que nos demanden, en esta, en las calles o en cualquiera sea el necesario”.
Entre los legisladores, estuvieron presentes Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota (Encuentro Federal), Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Gabriela Estévez y Pablo Carro (Unión por la Patria), y una representante de la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal).
También hicieron llegar su adhesión al encuentro, mediante notas, Héctor Baldassi (PRO); Alejandra Torres (Encuentro Federal); Rodrigo De Loredo (UCR); Ignacio García Aresca (Encuentro Federal); y Luis Picat (Liga del Interior–ELI), quienes manifestaron su compromiso de acompañar el debate legislativo sobre este tema.
En tanto, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y María Cecilia Ibáñez (MID) comunicaron que no podían asistir a la reu
Qué dice el proyecto
Los fundamentos del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario sostienen que “desde diciembre del 2023, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública en nuestro país vienen atravesando una situación crítica e incierta porque el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior, por lo que las partidas destinadas a educación superior son las mismas que se votaron en el Congreso de la Nación en el 2022″.
Y detallan: “Desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento. La situación salarial de docentes y no docentes es insostenible, con más del 70 por ciento de trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza”.
