El rectorado de la Universidad Provincial de Córdoba (mediante resolución rectoral RS 083/17) autorizó a sus tres Facultades a facilitar y favorecer la concurrencia de sus alumnos y docentes, permitiendo el retiro de su jornada desde las 16 hs. sin consignar inasistencia alguna, a la marcha de repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación que beneficiaría a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar del país.
En este sentido, la UPC convoca a toda su comunidad educativa y sociedad en general a participar de la concentración, organizada por los organismos de derechos humanos, que tendrá lugar hoy miércoles 10 de mayo de 2017, y partirá a las 18 hs. desde la ex-plaza Vélez Sársfield hasta Tribunales Federales.
Asimismo, la Universidad adhiere a la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que manifestó su profunda preocupación y rechazó los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, en un caso, habilitan la prisión domiciliaria para genocidas y, en otro caso, consideran aplicable el “2 por 1” a los condenados por delitos de lesa humanidad, contrariando la jurisprudencia de la propia Corte, amparada en el derecho internacional de los Derechos Humanos.
“En nombre del permanente posicionamiento institucional del CIN en defensa de los derechos humanos, entendemos que no es posible una reconciliación sin memoria, verdad y justicia, y reafirmamos nuestro compromiso con la profundización de la democracia, contra la impunidad y por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria” asevera el comunicado difundido por la institución.
En esta línea, el CIN propone: promover que fiscales y jueces rechacen los recursos que presenten imputados y condenados de delitos de lesa humanidad, propender a una nueva integración de la Corte Suprema con al menos un especialista en derecho penal, apoyar los pedidos de juicio político contra los ministros de la CSJN Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti, denunciar que este fallo de la CSJN constituye una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, promover la declaración de inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del 2×1 (Ley N° 24390) para casos de delitos de lesa humanidad y manifestar la profunda preocupación por los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre causas relativas a delitos de lesa humanidad: la prescriptibilidad de los reclamos civiles por daños y perjuicios, el incumpliento de la CSJN de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, finalmente, la prisión domiciliaria de condenados.
