El Vicerrector de la Universidad Provincial, Daniel Artaza, junto al Secretario de Bienestar Estudiantil y Graduados, Enzo Valzacchi, acompañaron el pedido de FEPUC (Federación de Entidades Profesionales Universitario de Córdoba) ante la Legislatura de Córdoba, para frenar el proyecto de ley de desregulación del ejercicio profesional, impulsado por el Gobierno nacional.
El texto, presentado por el bloque de La Libertad Avanza, propone eliminar la obligatoriedad de matricularse en colegios profesionales y pagar cuotas o tasas para poder ejercer una profesión, y reemplazar ese sistema por un Registro Nacional gratuito, accesible a todos los profesionales del país.
En ese contexto, las autoridades de la UPC respaldaron el pedido de colegios y consejos profesionales, durante una reunión clave con la vicegobernadora y presidenta de la Unicameral, Myrian Prunatto, el presidente provisorio Facundo Torres Lima, y legisladores de distintos bloques como Miguel Siciliano, Dante Rossi, Matías Gvozdenovich, Silvina Jurich y Brenda Austin.
Las y los legisladores escucharon el reclamo y se comprometieron a instruir a los senadores y diputados nacionales para que no acompañen este proyecto de ley, y que ratifiquen las funciones exclusivas de los Colegios y Consejos Profesionales.
Coincidieron en rechazar el proyecto por su impacto en la calidad profesional, el control ético y el interés público. La desregulación no sólo afecta a los profesionales, debilita derechos esenciales de toda la ciudadanía.
María Eugenia Peisinio, presidenta de Fepuc, dijo: “Estamos convencidos que las profesiones deben estar reguladas. Y deben estar reglamentadas porque cumplimos un rol social”.
En este sentido, el Vicerrector Daniel Artaza expresó: “Este proyecto de ley devendrá ineludiblemente en la destrucción de las organizaciones que legítimamente representan a los profesionales en nuestro país, lo cual no sólo afecta a las propias organizaciones y sus representados, sino que atenta esencialmente a cuestiones de interés público en desmedro de los derechos individuales y colectivos de toda la sociedad en áreas como salud, educación, justicia, seguridad, medio ambiente, entre otros”.
Artaza también señaló que se trata de un proyecto inconstitucional ya que “este sería un poder no delegado a la nación por las provincias, base de la autonomía de las mismas y de nuestro sistema federal”.
La Constitución de la Provincia de Córdoba en su art. 37 regula los Colegios Profesionales y las matrículas profesionales, el control ético del ejercicio profesional, la promoción de una mejor calidad de profesionales, son roles delegados a estas organizaciones intermedias. “A todas luces, el proyecto intenta destruirlas y centralizar en el Ministerio de Capital Humano todas estas facultades”, dijo Artaza y agregó: “Este no es un problema de sólo de los colegios profesionales, es un problema de la sociedad en su conjunto, con derecho a estar tranquilo que el profesional que lo asiste, está controlado, es realmente un profesional que ejerce su trabajo con probidad y ética profesional, de esta manera, la Universidad como institución formadora no puede otra cosa más que apoyar a los colegios profesionales de nuestra provincia”.
